Regulación normativa de la validez del documento electrónico (página 2)

Compendio de
legislación sobre el tema

• La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
  Régimen Jurídico de las Administraciones
  Públicas y del Procedimiento Administrativo
  Común (Artículo 45).

• El Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, que
  regula la utilización de las técnicas
  electrónicas, informáticas y telemáticas
  por parte de la Administración General del Estado,
  desarrolla el artículo 45 de la Ley 30/1992 y sienta
  las bases para que los documentos electrónicos tengan
  la misma eficacia que los documentos tradicionales en
  papel.

• El Real Decreto 14/1999, de 17 de septiembre,
  contribuye notablemente al desarrollo del RD 263/1996. Esta
  disposición regula el uso de la Firma
  Electrónica, la prestación al público e
  los servicios de certificación y reconoce su eficacia
  jurídica.

• Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
  Protección de Datos de Carácter
  Personal.

• La Orden Ministerial de 21 de febrero de 2000
  aprueba el Reglamento de prestadores de servicios de
  certificación y de certificación de
  determinados productos de firma
  electrónica.

• Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que
  se regulan los registros y las notificaciones
  telemáticas, así como la utilización de
  medios telemáticos para la sustitución de la
  aportación de certificados por los
  ciudadanos.

• Ley 59/2003 , de 19 de diciembre, de Firma
  electrónica. Esta Ley deroga el Real Decreto-Ley
  14/1999 sobre firma electrónico que incorporó
  al ordenamiento jurídico español la Directiva
  1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
  establece un marco comunitario para la firma
  electrónica.

• Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el
  que se regula la expedición del documento nacional de
  identidad y sus certificados de firma
  electrónica.

• Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
  electrónico de los ciudadanos a los servicios
  públicos (LAECSP).

Conclusiones

Es evidente que, en la actualidad, asistimos a un
momento en el cual las Administraciones Públicas se
encuentran inmersas en un proceso de digitalización de sus
procedimientos.

La utilización de las nuevas tecnologías
(TIC) en la actividad administrativa supone un gran cambio, en
especial para el usuario individual. La implantación de la
Administración electrónica ofrece la posibilidad de
ejercer online, en cualquier momento, el catálogo
de derechos del que tradicionalmente aquél ha sido
titular.

Entre otros derechos, cabe destacar el derecho al
conocimiento sobre el estado de tramitación de los
procedimientos de los que forme parte, el derecho a la
obtención de copias electrónicas de los documentos
que formen parte del expediente y el derecho a formular
alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del
procedimiento.

Es evidente que los documentos electrónicos
representan un reto importante para los legisladores, ya que es
necesario garantizar la seguridad, la confidencialidad y la
protección de la información, además de su
autenticidad mediante la firma electrónica.

Asimismo, es necesaria, en un sentido más global,
la resolución de tres grandes temas desde el punto de
vista jurídico: la seguridad en las transacciones, el
derecho a la intimidad y la propiedad intelectual.

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WEBGRAFÍA

• Consejo
  Superior de Administración
  Electrónica

• http://www.ica-it.org/ Consejo
  Internacional para las Tecnologías de la
  Información en la Administración
  (ICA)

• http://www.gencat.cat/temes/cas/tecnologia.htm
  Tecnología, Investigación e Innovación
  en Cataluña

• http://www.fobsic.net/opencms/opencms/ca/index
  Fundación Observatorio para la Sociedad de la
  Información en Cataluña

Autor:

Josep Bernis